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La tercera Encuesta Europea de Empresas (ECS), es una encuesta realizada por el prestigioso Instituto Gallup para la agencia Eurofound de la UE (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo), con periodicidad cuatrienal desde 2005 y que en su tercera edición, correspondiente a 2013, abarca un total de 32 países (los 28 de la Unión Europea mas Islandia, Macedonia, Montenegro y Turquía), basándose en una muestra de 29.950 empresas de más de 10 trabajadores, de las que se ha entrevistado a los respectivos directores de recursos humanos.
Este estudio comparativo de las distintas representaciones sindicales europeas nos da una visión muy interesante y objetiva sobre el por qué del empeño gubernamental español de destruir la estructura sindical de nuestro país, además de facilitarnos datos asépticos, que demuestran meridianamente la falsedad de los argumentos esgrimidos por el gobierno para denostar el trabajo sindical.
El primer y muy significativo gráfico que publica Eurofound es el de la representación sindical en las empresas (gráfica 1), es decir, el porcentaje de empresas que cuentan con una estructura formal de representación sindical de los trabajadores, cualquiera que sea el canal por el que se realice : participación directa (secciones sindicales de empresa) o indirecta (delegados y comités de empresa elegidos por los trabajadores).
Podéis comprobar que España se encuentra entre los países con mayor tasa de cobertura de representación sindical en las empresas (57%) sólo superado por Dinamarca y Finlandia.
Esta Encuesta Europea de Empresas correspondiente a 2013 acredita que el sindicalismo español tiene un nivel de representatividad superior a la media europea, mientras que la regulación legal y el aporte real de recursos materiales, formativos y de tiempo para el ejercicio de sus funciones es claramente inferior.
En el primer caso, la ECS’2013 informa que, para el conjunto de la Unión Europea (gráfica 7), el 37% de la representación de los trabajadores tiene acceso a financiación de las propias empresas para costear el asesoramiento externo (jurídico, económico, técnico) necesario para el ejercicio de sus funciones, mientras que en el caso español dicho porcentaje se reduce prácticamente a la mitad, quedando en la cola de la tabla junto a Malta, Italia, Rumanía, Portugal y, curiosamente, junto a dos países como Francia y Finlandia.
El gráfico 7 desmonta el tan manido argumento del coste laboral que supone a las empresas españolas la representación sindical que, como vemos, es el país que repercute menos gasto de su actividad a las empresas.
Así mismo la proporción de representantes de los trabajadores que reciben formación especializada para el ejercicio de su actividad dentro del seno de su empresa, (gráfica 8), como podéis comprobar, resulta también inferior a la media europea, lo que sin duda afecta a la calidad y eficacia de su intervención.
Parece evidente que el argumento empresarial del coste sindical se cae por su propio peso. Aunque hay otro coste que analizar, el del tiempo, las horas dedicadas a la actividad sindical. Y aquí nos encontramos que las mayores diferencias y limitaciones a la representación de los trabajadores en España se registran en la asignación del tiempo efectivo para el desarrollo de sus funciones, contradiciendo de nuevo en la práctica uno de los tópicos antisindicales más difundidos en este país, el relativo a las horas de disposición sindical y a los llamados “liberados”.
Para el conjunto de la UE-28 (tabla 9), la ECS’2013 calcula que el 6’3% (6,2% en el caso de España) de los representantes de los trabajadores no cuentan con autorización para utilizar parte de su jornada para el ejercicio de sus funciones, mientras que un 5’3% (9,2% en España) sí dispondrían de esa autorización aunque en cantidad insuficiente. El 29,2% dispone del tiempo básico (imprescindible) para la realización de la actividad sindical (56,2% para España). El bloque mayoritario (56,2% del total de representantes sindicales europeos) tiene acceso a todo el tiempo necesario para sus actividades (que en el caso de España sólo es un 28,3%) y, finalmente, un 3,5% de ellos disponen a tal efecto de su jornada completa en cómputo anual, lo que se conoce como “liberados” (en España tan solo llega al 0,1%). Queda pues también desmontado el argumento de que el coste que genera para la empresa el tiempo de actividad sindical de los delegados es demasiado.
Resulta especialmente significativo constatar que España se sitúa a este respecto en la cola de la UE, pues sólo el 28,3% de sus representantes disponen del crédito horario necesario para el ejercicio de sus funciones, lo que contrasta clamorosamente con los niveles de representatividad que la misma ECS sitúa en el doble de la media europea.
Tan significativo desajuste (el doble de representatividad y la mitad de los recursos) pone, una vez más, de manifiesto lo infundado de las críticas que a este respecto reciben los sindicatos españoles, cuya formulación carece de evidencia empírica y responde, en consecuencia, a intereses ideológicos de deslegitimación del sindicalismo, como estrategia complementaria a los procesos de desregulación laboral y desigualdad social. Y deja al descubierto el verdadero objetivo de las campañas de desprestigio lanzadas continuamente por el gobierno y la patronal, que no es otro que desarticular una organización sindical altamente efectiva que estorba sus planes de desregulación, liberalización y precarización del mercado y de las relaciones laborales.
Para acceder al informe completo pincha aquí.