¡¡NO!! ¡¡AQUÍ SE JUEGA!! ¡¡¡UNA HUELGA POLÍTICA!!!

Miguel Á. Sánchez-Izquierdo   23/Octubre/2026

Aquí podrías twittear esta noticia pero necesitamos que aceptes las cookies de Twitter para mostrártelo ACTIVADA DESACTIVADA Twitter: Imprescindible para poder twuittear directamente cualquier noticia o artículo desde nuestra web.

¡Claro que es una huelga política! ¿Y qué?
La vivienda se está comiendo nuestros salarios, y todavía hay quien pretende que eso no tiene nada que ver con nuestros derechos laborales.

Imagina que, tras mucho currártelo, te suben el sueldo 100 euros al mes. Una semana después, tu casero te escribe: la renovación del alquiler sube 150 euros. Has ganado la batalla del salario y has perdido la guerra de llegar a fin de mes.

No es una anécdota. En julio el alquiler subió un 6,8% interanual hasta los 15,3 euros/m2, el máximo desde que Idealista.com tiene registros, y en la Comunidad de Madrid ya alcanza los 21,4. Comprar tampoco da tregua: el precio medio cerró el primer trimestre en 2.429 €/m2, un 8,9% más que un año antes.

Hay quien aún se pregunta qué tiene que ver la vivienda con el mercado laboral. Todo. Tu salario no es lo que aparece en la nómina, sino lo que puedes hacer con él. Cuando trabajar ocho horas no garantiza un techo, tenemos un problema laboral, económico y, por supuesto, político.

Trabajar ya no protege

En 2024, el 11,2% de las personas ocupadas en España estaba en riesgo de pobreza, el tercer peor registro de la UE, cuya media es del 8,2%. Y la factura la pagan los más pequeños: en 2025, uno de cada tres menores (33,2%) seguía en riesgo de pobreza o exclusión. 

Las mejoras no caen del cielo

Con el último Gobierno del Partido Popular, el salario mínimo pasó de 641,40 euros en 2011 a 735,90 en 2018: 94,50 euros en siete años. Desde entonces, los gobiernos progresistas, presionados por los sindicatos, lo han llevado a 1.221 euros en 2026, un 66% más (485 euros). Reducir la jornada a 37,5 horas sin recorte salarial parte de la misma idea: el progreso se mide por el tiempo que tenemos para vivir; por cómo se reparten los beneficios y el aumento de productividad. Seguro que adivinas quién propone esta medida y quién se opone.

Pero ¿de qué sirve ganar tiempo si necesitas un segundo empleo para pagar el alquiler? ¿De qué sirve subir el mínimo si una parte creciente de esa mejora acaba en el bolsillo del multi-propietario?

Quién se queda con la diferencia

Un estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC, publicado en julio, pone cifras a esa transferencia. Los hogares inquilinos tienen una renta mediana de 21.335 euros; los que alquilan una vivienda a otros, de 50.959; y los que alquilan dos o más, de 80.375, casi cuatro veces más. 

En patrimonio la brecha es abismal: 2.217 euros de riqueza neta mediana para un inquilino frente a 996.826 para un multiarrendador, unas 450 veces más. El propio informe concluye que cuanto más sube el alquiler, más recursos transfieren los inquilinos a los arrendadores y menos capacidad de ahorro les queda. El negocio es extraer rentas de la clase trabajadora sin aportar nada a la sociedad.

Si la posición que ocupas en el mercado de la vivienda pesa más que tu edad o tus ingresos la pregunta es obvia: ¿Qué clase de modelo económico y social estamos construyendo? ¿Cómo podemos intentar que nuestros jóvenes crean en la meritocracia? ¿Qué sociedad heredarán nuestros hijos?

La respuesta es, igualmente, obvia: una sociedad no puede depender exclusivamente del mercado para garantizar un derecho fundamental como la vivienda, por un motivo principal: el mercado no es eficiente garantizando derechos, lo es maximizando beneficios.

Entonces, ¿qué hacemos? Hemos dejado que el mercado se convierta en un adulto malcriado y consentido como consecuencia de haber crecido sin normas ni límites. Toca intervenir para, primero, contener daños y después generar un mercado de la vivienda que no condicione la vida de nadie.

La derecha tiene dos explicaciones. Ninguna basta.

El PP propone construir más. Nadie serio lo niega, pero la pregunta es quién podrá pagar esas viviendas. Sin vivienda pública de alquiler, protección permanente frente a la especulación y movilización de pisos vacíos, solo habremos ampliado el parque, no el derecho. España está lejos de ese modelo: Bruselas le reprocha que la vivienda social represente solo el 1,5% del total, bastante por debajo de la media europea, y el propio Gobierno, que sitúa la cifra en el 3,4%, admite que el objetivo es llegar al 9%. 

Vox ofrece una explicación infantil: la culpa es de los extranjeros. La inmigración aumenta la demanda, como la aumentan los jóvenes que se emancipan o las separaciones. Pero eso esquiva las preguntas de fondo: quién decidió no desarrollar vivienda pública, quién tiene las competencias urbanísticas y fiscales, quién posee las viviendas. Un trabajador extranjero que comparte piso con otras cuatro personas no ha diseñado la política de vivienda. Es el viejo divide y vencerás: es más fácil enfrentar a dos trabajadores que preguntar por qué ninguno puede vivir dignamente.

La pregunta sería: ¿existe alguna posibilidad de ganar a un juego en el que las reglas están trucadas contra tus intereses?

Y la izquierda también debe mirarse al espejo

Sería cómodo repartir culpas entre PP y Vox y conceder al PSOE inmunidad por sus buenas intenciones. Pero haber aprobado una ley no es haber resuelto un problema. Comunidades y ayuntamientos tienen competencias decisivas, pero el Gobierno central dispone de instrumentos presupuestarios, fiscales y legislativos. Y no se puede defender la vivienda como derecho fundamental y tratarla, en la práctica, como un activo financiero cuya rentabilidad hay que proteger casi a cualquier precio.

Las viviendas prometidas no pagarán el alquiler del mes que viene. Las ruedas de prensa no frenan un desahucio. Las políticas públicas no se miden por los titulares, sino por los hogares que protegen.

La huelga ha salido de la fábrica

Durante mucho tiempo imaginamos las huelgas como una fábrica detenida, una negociación salarial bloqueada o un convenio pendiente de firmar.

Pero la realidad del trabajo ha cambiado. Y también las formas de explotación y desigualdad. Hoy una trabajadora puede tener contrato indefinido y no poder pagar dónde vivir, o terminar su jornada y empezar otra, invisible y gratuita, cuidando de hijos y mayores. 

Las huelgas de cuidados y de alquileres han ampliado nuestra idea del conflicto social, y los sindicatos tradicionales merecemos una dura crítica (ya que no somos muy de autocritica): demasiadas veces las miramos con simpatía, pero sin la contundencia que merecían, como si defender un convenio fuera sindicalismo de primera y defender el derecho a un hogar fuera de segunda. 

Nos hemos acostumbrado a negociar cuánto cobramos mientras otros decidían cuánto debíamos pagar para vivir. Esa separación ya no se sostiene.

Sí, es política. Pero no partidista.

Será la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT en 14 años, y se celebra 18 días antes de las elecciones generales. Por eso conviene decirlo claro: no se convoca para regalar votos ni para salvar a un Gobierno, sino para exigir responsabilidades a todos, al Gobierno, a las comunidades y a los ayuntamientos, cada uno en lo suyo. No va contra un partido. Va contra un sistema que ha normalizado que trabajar no baste para vivir. 

El 11 de noviembre vamos a la huelga por algo que es puro sentido común: que después de trabajar para ganarnos la vida, nos quede dinero para vivirla.

También puedes dejar tu opinión sobre este artículo. Trabajamos para conseguir una empresa mejor.

OPINIONES REALIZADAS (1)