¡MUERTE AL ABSENTISMO EMPRESARIAL!

Miguel Á. Sánchez-Izquierdo   27/Julio/2026

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Dejemos de mirar el dedo y miremos la luna.

Durante el primer trimestre de 2026 se realizaron en España 5,9 millones de horas extraordinarias semanales (según la Encuesta de población activa). De ellas, 2,5 millones no fueron pagadas. El 42,5%. Si ese ritmo se mantuviera durante un año, estaríamos hablando de aproximadamente 130 millones de horas trabajadas gratis. El equivalente a más de 71.000 jornadas laborales completas durante un año, tomando como referencia 1.820 horas anuales.

Una vez que superas el asombro de los datos (y, quizás, de saber la cantidad de gente que, como tú, está trabajando gratis) empiezas a echar de menos cosas. Esta “esclavitud” moderna lleva a que falte el salario, pero también: la cotización, el descanso… Y, con demasiada frecuencia, falta la inspección y sanciones de peso a las empresas.

Sin embargo, nadie llama a esas 2,5 millones de horas semanales “un cáncer”. Nadie pregunta si trabajar sin cobrar genera incentivos perversos. Nadie propone que la empresa reciba menos “paguitas” hasta que exija a sus trabajadores y trabajadoras cumplir con su jornada (sí, las empresas también extraen recursos públicos: bonificaciones, subvenciones, …). El fraude laboral parece cambiar de gravedad dependiendo de quién lo cometa. Cuando un trabajador puede engañar, se sospecha de 1,2 millones de personas. Cuando una empresa no paga horas realizadas o las encubre como flexibilidad, hablamos de “deficiencias en el registro horario” o de “valores culturales de la empresa”. Comunicación persuasiva, recuerda.

Las palabras tienen un poder extraordinario para construir la realidad, pero la realidad suele acabar jodiendo siempre a los mismos: la clase trabajadora.

La desigualdad que todavía espera.

Otro melón por abrir. El salario de las mujeres. Según los últimos datos definitivos del INE, en 2024 los hombres cobraron una media anual de 32.057,55 euros. Las mujeres, 26.904,90. Una diferencia de 5.152,65 euros al año. El salario femenino representó el 83,9% del masculino.

Esta es una brecha salarial anual no ajustada. No demuestra por sí sola que una mujer cobre menos que un hombre por realizar exactamente el mismo puesto. En ella influyen la jornada parcial, el sector, la ocupación, la antigüedad y los complementos. Pero eso no elimina la desigualdad. Describe cómo se construye. Las mujeres se concentran más en sectores peor remunerados, asumen mayoritariamente reducciones de jornada y cuidados, encuentran más obstáculos para promocionar y reciben menos complementos. El resultado aparece en la nómina, en la prestación por desempleo y, décadas después, en la pensión.

La Unión Europea aprobó una directiva para iluminar esa oscuridad. Las empresas deberán informar sobre los niveles retributivos, facilitar criterios salariales objetivos y actuar cuando exista una diferencia superior al 5% en trabajos iguales o de igual valor que no pueda justificarse mediante criterios neutros. En esos casos deberán realizar una evaluación conjunta con la representación de los trabajadores (¡Vaya! ¡los sindicatos otra vez!). Además, la carga de demostrar que no hubo discriminación recaerá sobre la empresa.

España debía transponer la directiva antes del 7 de junio de 2026. No lo hizo. El Gobierno asegura que está ultimando la norma, pero el plazo ha vencido. Mientras tanto, su aplicación efectiva permanece limitada y las empresas continúan sujetas al umbral español vigente: deben justificar en el registro salarial las diferencias que alcancen el 25%, no el 5%. (puedes pedir tu registro retributivo aquí)

La vida según Bankinter.

Bankinter ya nos ha dicho que no piensa aplicar esta directiva hasta que esté obligado por la legislación española. En ese momento, me temo, tratará la transparencia como lo hace siempre, con paneles traslucidos tan opacos como sea posible.

Volvamos a la política. El Ejecutivo debe rendir cuentas. No basta con criticar a Feijóo por criminalizar las bajas. El Gobierno del Sr. Sánchez, que se autodefine como feminista y “obrero”, no puede llegar tarde a una de las normas europeas más importantes contra la discriminación salarial.

¿La política laboral de fondo que esconden las palabras de Feijoo?

Quizá las palabras de Feijóo no sean sólo una (mala) ocurrencia y otra improvisación más de un candidato superado por la realidad, los datos y la hemeroteca. Quizá estén preparando el terreno.

Primero se confunde enfermedad con absentismo. Después, absentismo con fraude. A continuación, se presenta a los médicos públicos y a la Seguridad Social como incapaces de controlar el problema. El último paso sería casi inevitable: entregar más capacidad de decisión a las mutuas, asociaciones privadas de empresarios que ya gestionan prestaciones y pueden proponer altas en las enfermedades comunes.

No existe todavía una propuesta expresa que permita afirmar que ese sea su plan. Pero conviene hacer la pregunta antes de que llegue la respuesta: ¿quién ganará poder si aceptamos que el sistema público concede bajas sin justificación? ¿Queremos que la reincorporación de un trabajador enfermo la decida principalmente quien protege su salud o una entidad sometida también al incentivo de reducir el coste de su ausencia?

Hoy sospechas de otro. Mañana el sospechoso serás tú

¿Por qué un trabajador que quiera defender sus intereses debería oponerse a la propuesta de Feijóo? Porque Feijóo no está proponiendo solamente perseguir el fraude. Está defendiendo que enfermar tenga un castigo económico mayor. Está cuestionando derechos recogidos en convenios colectivos. Está sembrando la sospecha sobre cualquier persona que necesite una baja médica.

Si ese relato se impone, el trabajador perderá salario, protección y capacidad de negociación. Las empresas, mientras tanto, ganarán poder para presionar su reincorporación antes de que esté recuperado.

Hoy puedes pensar que el problema son los demás. Los que exageran. Los que engañan. Los tramposos. Los que “no quieren trabajar”.

Mañana puedes ser tú.

Tú esperando una operación.

Tú atravesando una depresión.

Tú recuperándote de un accidente.

Convertir la enfermedad en una sospecha colectiva sólo exige encontrar a alguien más débil que pague la factura.

¿Quién, en su sano juicio, elegiría poner en riesgo su salud?

 

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